Gastos de gestión inmobiliaria con la nueva Ley de la Vivienda

El Senado ha aprobado la nueva Ley de la Vivienda, una normativa que modifica la ley con la intención de mejorar el acceso a la vivienda. Una de las cuestiones que la nueva Ley de Vivienda pone sobre la mesa es el hecho de que los arrendadores tendrán que hacerse cargo del pago de la gestión inmobiliaria cuando un nuevo inquilino se traslada a la vivienda en la que reside. Analizamos qué supone esta la nueva Ley de Vivienda y cómo modificará los alquileres este cambio en la fórmula.

¿Qué es la nueva Ley de Vivienda?

La nueva normativa en materia de vivienda ha llegado a España tras meses de negociación y gracias a un acuerdo con los partidos políticos ERC y Bildu. La nueva Ley de Vivienda reconoce el derecho a la vivienda e interviene y regula el mercado del alquiler. Gracias a los cambios legislativos será posible frenar el aumento de los precios de los alquileres y hacerlos más accesibles para todos los ciudadanos, sobre todo para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

¿Quién paga los gastos de gestión inmobiliaria con la nueva Ley de Vivienda?

Nos centramos en una de las claves de la nueva ley: ¿quién paga los gastos de gestión inmobiliaria con la nueva Ley de Vivienda? Hasta ahora, habían sido los arrendatarios quiénes se habían hecho cargo de los pagos por la gestión que realizaba la inmobiliaria. ¿Qué suponía esto? Que en caso de que un particular quisiera alquilar un inmueble, en su primer mes debía, además de hacerse cargo de la renta y depositar la fianza, pagar los honorarios de la inmobiliaria, a pesar de no haberla contratado.

Sin embargo, la nueva ley cambia el escenario indicando que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador”.

¿Consecuencias para los inquilinos?

Para entender qué supondrá este cambio para el inquilino, debemos analizar cómo era la situación de un arrendador al alquilar una vivienda. Una persona que entraba a vivir en un inmueble debía hacerse cargo de una vez de un mes de alquiler, los honorarios de la inmobiliaria, que eran equivalentes a la mensualidad y la fianza, normalmente otro mes de alquiler (con la antigua ley en algunas ocasiones podía ser hasta dos meses). En un momento, el nuevo inquilino se encontraba con un gasto triplicado que suponía un importante empobrecimiento, sobre todo, teniendo en cuenta el incremento de los precios a lo largo de los últimos años.

Gracias a la Ley de Vivienda de 2023, los inquilinos no tendrán que hacerse cargo de estos gastos, lo que supone una mejora a la hora de enfrentar los costes de un nuevo alquiler. De la misma forma, en caso de que existan gastos derivados por la formalización del contrato, el encargado de asumirlos deberá ser el arrendador y no el inquilino.

Algunos grupos políticos han indicado que es posible que los propietarios puedan encontrar la forma de evitar estos pagos y que deberían buscarse maneras de que no sigan siendo los arrendadores quienes carguen con estos costes de manera velada. Para evitar este tipo de cuestiones, la nueva ley prohíbe expresamente aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos que no estuvieran previamente acordados entre las partes.

Algunos de los cambios más significativos de la Ley de Vivienda de 2023

Los nuevos cambios que trae la ley proporcionan una nueva ventana para todas aquellas personas que necesitan una vivienda y tienen dificultades para poder hacerse cargo de un alquiler por los precios que se han alcanzado durante los últimos años. De la misma manera, se han buscado soluciones que consigan evitar que los inquilinos deban hacerse cargo de gastos que deberían ser parte de las obligaciones del arrendador.

Repasamos de forma rápida qué cuestiones se modificarán con la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda:

• Ampliación de las zonas tensionadas, es decir, aquellas en la que el alquiler se ha aumentado de forma sostenida en los últimos años.
• Desvinculación de los precios del alquiler del IPC.
• Regulación y limitación de los precios de los alquileres.
• Prohibición de acuerdos entre las partes que sean contrarios a la Ley de Vivienda.
• Protección frente a los desahucios.
• Beneficios fiscales para los propietarios.
• Pago por parte del casero de los honorarios en la gestión inmobiliaria.
• Recargo del IBI para viviendas que estén vacías desde hace más de dos años.
• Imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública.
• Aumento de oferta de alquiler con precios más asequibles.